La designación de funcionarios públicos sin capacidad técnica ni moral en puestos de alto nivel es un motivo de mucha preocupación y agrava la compleja situación que afecta el país. Sin funcionarios públicos con las capacidades técnicas y morales adecuadas, como es el caso de varios ministros del actual Gabinete Ministerial, el Gobierno no será capaz de solucionar la crisis sanitaria, económica, social, política e institucional que venimos experimentando. A esto se suman las renuncias de buenos profesionales en diversos sectores, aptos, probos y capaces, que han decidido dar un paso al costado ante un liderazgo inaceptable.
Desde IPAE ASOCIACIÓN EMPRESARIAL, consideran que los mayores afectados por esta situación son los ciudadanos peruanos, pues no reciben los servicios públicos de calidad que merecen. SIN UNA POLÍTICA DE CONTRATACIÓN MERITOCRÁTICA, QUE ANTEPONGA LOS INTERESES CIUDADANOS A LOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS O LOS DE LOS FUNCIONARIOS, QUE PREVENGA LA CORRUPCIÓN Y QUE ESTÉ ORIENTADA A LA PROVISIÓN EFICIENTE DE SERVICIOS, UN MAYOR BIENESTAR DE LA POBLACIÓN Y EL DESARROLLO DEL PAÍS SERÁ IMPOSIBLE, se debe incorporar requisitos mínimos para los puestos de alto nivel en el aparato estatal, cumpliendo con el perfil técnico y moral que prevenga la corrupción
PARA TOMAR EN CUENTA:
SE DEBE IMPEDIR NOMBRAMIENTOS Y ASCENSOS AUTOMÁTICOS. Para ello, se espera que el Tribunal Constitucional declare inconstitucional la Ley 31131 (que convierte los contratos CAS a los regímenes 276 y 728, eliminando los incentivos para transitar al régimen de la Ley de Servicio Civil) y se debe trabajar en modificar la Ley de Servicio Civil. Asimismo, se debe preserva avanzado en la designación de personal clave por concurso, evaluando su extensión a otras entidades con consejos directivos que intervienen en la regulación, supervisión y fiscalización de los agentes del mercado, tales como INDECOPI; y, profundizar los mecanismos de transparencia sobre el cumplimiento del perfil requerido del personal clave.
REFORZAR EL FUNCIONAMIENTO CLAVE DEL ESTADO. Es indispensable contratar directivos y servidores públicos mediante procesos meritocráticos y con nombramiento regulado, en paralelo a los ajustes al régimen de la Ley de Servicio Civil, se debe considerar remuneraciones competitivas y esquemas de contratación de la Ley del Servicio Civil, tales como: (I) concurso abierto de méritos; (II) nombramiento por tres años renovables hasta en dos oportunidades (renovación sujeta a desempeño); (III) evaluación periódica de desempeño; (IV) capacitaciones periódicas; y (V) bonos por productividad.
GARANTIZAR INGRESO POR CONCURSO. Se debe incorporar los artículos derogados del Decreto de Urgencia 016-2020, con el objetivo de regular el ingreso y la reposición judicial de funcionarios públicos, y derogar la Ley 24041 (que permite que servidores públicos contratados con más de un año ininterrumpido para labores de naturaleza permanente, puedan solicitar judicialmente su reposición). Asimismo, esta nueva ley debe introducir mejoras a algunos aspectos que el DU 016-2020 no regulaba de forma clara, como precisar su ámbito de aplicación a fin de no reponer a trabajadores que no entraron por concurso público.
REGULAR LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA EN EL SECTOR PÚBLICO. Esta debe considerar el análisis presupuestal y no anteponer intereses de grupos particulares a los intereses ciudadanos de recibir servicios de calidad. Se debe derogar la Ley 31188 (que eliminó las consideraciones presupuestales de la negociación colectiva y debilitó el sistema de gestión del recurso humano del MEF y SERVIR) y aprobar una nueva ley que incluya los artículos derogados en el DU 014-2020, con el objetivo de regular la negociación colectiva en el sector público. Asimismo, una vez que se apruebe esta nueva ley, se recomienda definir reglas generales sobre incentivos a la productividad.
AUTORIDADES DEBEN RESPETAR INSTITUCIONALIDAD QUE GARANTICE JUSTICIA OPORTUNA Y PREDECIBLE
IPAE ASOCIACIÓN EMPRESARIAL, como miembro activo de la sociedad civil que promueve una institucionalidad sólida, el crecimiento económico sostenible e inclusivo, la igualdad de oportunidades y la educación de calidad, hace un llamado al Ministerio Público y al Poder Ejecutivo a respetar la institucionalidad del país y no ir contra el derecho ciudadano y cimiento democrático de contar con un sistema de justicia oportuno y predecible.
La denuncia realizada por la Procuraduría General del Estado, así como la decisión del Ministerio Público de abrir investigación preliminar al Presidente de la República por la presunta comisión de delitos contra la administración pública, muestran que existen indicios de la presunta comisión de delitos que deben ser materia de investigación.
Al respecto, el Ministerio Público debe actuar de manera oportuna y diligente en investigar los presuntos delitos, en fiel cumplimiento de sus obligaciones legales y de lo que establece su propia misión: “PREVENIR Y PERSEGUIR EL DELITO, DEFENDER LA LEGALIDAD, LOS DERECHOS CIUDADANOS Y LOS INTERESES PÚBLICOS TUTELADOS POR LA LEY; (…); VELAR POR LA RECTA Y EFECTIVA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.”
De similar manera, sobre las notas periodísticas que dan cuenta de la intención de destituir al Procurador General del Estado, quien está dirigiendo las investigaciones contra el Presidente de la República, exhortamos al Poder Ejecutivo a respetar la autonomía funcional de la Procuraduría, lo que es esencial para que cumpla su labor de ejercer la defensa jurídica del Estado.
El Ministerio Público y el Poder Ejecutivo son piezas claves en un sistema de justicia oportuno y predecible, lo cual requiere que las investigaciones se realicen de manera oportuna, sin importar quién sea el implicado en los presuntos delitos, y que se respete la autonomía funcional de la Procuraduría, exhortando a las autoridades de ambas instituciones a hacerlo, sin ninguna duda un tema para el debate, hasta nuestra próxima entrega. (Puma)
Dejar una contestacion